Política agraria: La política de sostenimiento y protección del sistema tradicional

Cuando el factor trabajo se encarece, la solución más sencilla es subir los precios del producto terminado. Si la demanda varía y no se compran los productos tradicionales, lo más sencillo es que la Administración compre los excedentes y trate de colocarlos en el mercado exterior, aunque tenga que recurrir a primar la exportación.

En gran parte, ésta ha sido la política seguida. Los grupos de presión agrícola pidieron continuo apoyo a la Administración para resolver la crisis de la agricultura, sin especificar que se trataba de la crisis de un sistema de producción anticuado.

La Administración debe intervenir en la formación de los precios agrícolas, para tratar de paliar la incertidumbre de los agricultores (ya que estos precios sufren grandes oscilaciones), ahora bien, ¿a qué nivel debe la Administración fijar el precio que quiere mantener?. Un posible nivel sería el precio internacional, modificado en cuanto no represente el beneficio social. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta:

1. Que los precios actuales de muchos productos agrícolas son superiores a los internacionales, por lo que toda disminución de los mismos ha de ser lenta.
2. Que de hecho en la industria tampoco se aplica en la asignación de recursos el precio internacional matizado con consideraciones de análisis de costes y beneficios sociales.

Otro problema interesante es: ¿se debe proteger más a la industria o a la agricultura?. La respuesta lógica sería que no hay por que establecer diferencias. Se deben proteger aquellas actividades en las cuales el precio social sea superior al internacional.

De una observación general, se deduce que a medida que aumenta la renta per cápita la protección que se dedica a la agricultura es mayor que la que se dedica a la industria. No son bien conocidas las causas de esta evolución, pero es preciso recordar:

• Que esta política lleva a una deficiente asignación de recursos en el país.
• Que esta política es egoísta respecto a los países subdesarrollados, porque les impide incrementar sus exportaciones agrarias.

En el caso de España, no es fácil la comparación entre proteccionismo agrícola e industrial. La protección efectiva arancelaria es muy inferior en la agricultura que en la industria, pero a la agricultura se le aplican una serie de medidas extraordinarias como son: el comercio de Estado, el bilateralismo y la subvención. Los dos primeros deben ir desapareciendo; respecto al último, se puede mantener una opinión diferente: si la razón de la protección es una determinada distorsión entre el precio del mercado y el social, la subvención puede ir directamente al lugar del problema, mientras que el arancel es un instrumento más tosco.

El FORPPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrícolas) era el organismo encargado de la propuesta de la política de protección agrícola. Desde un punto de vista institucional, se puede poner el reparo del excesivo peso del sector productos en la toma de decisiones, lo cual no parece conveniente, dado que muchas de las medidas pueden implicar trasvases de renta a los agricultores desde los demás sectores.

Quizá lo primero que se podría hacer es estudiar como se están protegiendo efectivamente los distintos productos, sumando la protección arancelaria, regímenes especiales, subvenciones, acción concertada en la ganadería, etc. También sería interesante estudiar con cuidado la formación de los distintos precios agrícolas, sus tendencias y oscilaciones.

Una vez más hay que insistir en la conveniencia de que la política económica sea más científica si no se desea que la toma de decisiones se realice únicamente por la fuerza comparativa de los grupos en discusión.

La política de elevación de precios se ha defendido también con criterios sociales. Sin embargo, hay que evitar medidas de ayuda indiscriminada: la redistribución no debe realizarse en favor del latifundista o de la burguesía de las ciudades con fincas, si no a favor del minifundista y proletariado agrícola.

Otro argumento en favor del proteccionismo agrícola: la futura entrada en el Mercado Común. Se dice que el Mercado Común tiene una protección muy alta para su agricultura y que nosotros debemos irnos aproximando a ella, pero esto se puede hacer poco a poco, igual que el descenso de aranceles industriales, ya que nuestra entrada en dicha área, es cuestión de bastante tiempo.

El Mercado Común utiliza básicamente los subsidios y los aranceles para proteger a su agricultura. España emplea los subsidios, los aranceles y el arancel implícito consistente en el Comercio de Estado, contingentes, bilateralismo.

Según declaraciones del Ministerio de Agricultura los subsidios que recibía la agricultura española eran menos de la tercera parte de los comunitarios en proporción a los productos brutos agrarios respectivos.

En resumen, parece que la CEE protegía efectivamente más a su agricultura que nosotros, lo que demuestra que la protección a la agricultura sobre la dedicada a la industria es creciente con la renta.

La política agrícola de la CEE es como un coste extra de la integración. La agricultura comunitaria es un sector casi de "lujo" soportado por la fuerza de la industria y los servicios.