La política agraria: La política de modificación de las estructuras tradicionales

Uno de los argumentos para elevar los precios agrícolas son las subidas de salarios. Ahora bien, una subida de precios incrementa a corto plazo la renta del capital, pero parte de ella puede ser dedicada al consumo. Un vez más hay que atacar directamente al problema. Precisamente, la política de subsidios es mucho más sensible que la de aranceles o precios y permite apuntar directamente a la dificultad existente. Los fondos dedicados a subvencionar excedentes o las subvenciones directas, se pueden emplear en capitalizar la agricultura sin desperdiciar recursos.

En este sentido, el primer paso para modificar las estructuras es la educación. Una población agrícola con mayor grado de conocimientos estará dispuesta a introducir nuevos métodos y obtener mayores rendimientos de las mismas. En la agricultura sigue sobrando mano de obra y la educación facilita el trasvase y disminuye su coste social.

Hemos puesto un ejemplo de una asignación diferente de fondos para ayudar a la agricultura. Ello nos lleva al terreno de la capitalización agraria. Dejando aparte la inversión en capital humano, la política agrícola de capitalización tiene dos vías: si desea forzar la emigración y considera que el resto de la economía puede recibir este exceso de mano de obra, la política adecuada es la inversión en bienes de equipo sustitutivos de mano de obra. Si por el contrario se cree que una salida de mano de obra de la agricultura podría ocasionar un paro en las ciudades, se puede buscar que la inversión se realice en fertilizantes y regadíos, que no sustituyen mano de obra, pero incrementan el rendimiento por persona y hectárea. La Administración puede siempre actuar sobre los precios relativos de tractores y abonos con la política fiscal, con subsidios, etc. La política de regadíos ha sido impulsada desde la Administración, quizá en algunos períodos de manera excesiva, hecho éste, criticado por el Banco Mundial en sus informes sobre la economía española.

Hemos venido comentando la necesidad de capitalizar el campo, por lo tanto sería deseable que le sector público realizara un mayor esfuerzo para financiar la transformación de la agricultura tradicional en una agricultura moderna y podría ser útil un trasvase de los recursos empleados en la política de precios a la política de créditos.

En algunos países latinoamericanos se ha instaurado la modalidad del "crédito supervisado" que podría quizá tener interés en España. Se trata de un préstamo que tiene como garantía no la tierra, sino un plan de cultivo aprobado por el prestamista. En "extensionista", al servicio de la entidad financiera que otorga el crédito, supervisa que el proyecto se lleve a cabo, concretamente para asegurarse de la devolución del préstamo. Este sistema puede ser un elemento importante de renovación agrícola.

Vamos a plantear los dos últimos problemas de modificación de estructuras: la dimensión de la explotación, relacionada con el reparto de latifundios y la reconversión de la oferta hacia lo que pide la demanda, es decir, hacia productos ganaderos.

En la agricultura tradicional se planteaba una fuerte tensión social buscando el reparto de tierras: el campesino proletario, veía en el reparto la única manera de mejorar su nivel de vida.

Tras el reparto llevado a cabo en la República, se inició desde 1939 la "contrarreforma agraria" devolviendo la tierra a sus antiguos propietarios.

El nuevo régimen se enfrentó con el problema de los minifundios algunas veces con mayor fortuna que en otras, pero sin tocar los latifundios, por razones fundamentalmente políticas. El abandono de las políticas de reparto ha tenido, sin duda, un alto coste social. Ahora bien: la crisis de la agricultura tradicional obliga a plantearse el problema del reparto de la tierra con una visión distinta, ya que la elevación de los salarios agrícolas y la posibilidad de ocupaciones alternativas hace que la situación del minifundista como poseedor de un predio cultivable por una familia no sea envidiable ni querida por el propio proletariado.

Técnicamente parece conveniente incrementar la proporción tierra / trabajo dentro de la necesidad general de incrementar la proporción de capital físico y humano / trabajo no especializado. Algunos países que realizaron el reparto, se ven ahora en la necesidad de reagrupar. En este sentido, la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de 1953 y la Ley sobre Comarcas y Fincas Mejorables de 1971 podrían ser piezas importantes de la política agrícola.

Se puede argumentar contra lo que venimos diciendo que:

• a) No es igual unidad de producción que unidad de propiedad, y pueden existir formas asociativas de unidades de propiedad pequeñas.
• b) El latifundio en España tiene caracteres institucionales que le hacen poco productivo.
• c) En todo caso, no se puede tener un criterio exclusivo de productividad: la distribución de la renta y la riqueza es también un fin de la política económica.

Es cierto que no son iguales los conceptos de unidad de producción y unidad de propiedad, pero no parece muy lógico desmembrar fincas grandes con planes de producción racionales y constituir cooperativas de pequeños productores, que en muchos casos no han dado resultados, La agricultura moderna, sobre todo su actividad ganadera, se paree cada vez más a la producción industrial.

La cooperativa puede ser una de las maneras de paliar el minifundismo, pero no está muy claro que sea la unidad productora ideal. En una empresa existen una serie de funciones distintas de dirección y organización, de tipo técnico y de tipo comercial. En una cooperativa de agricultores todos suelen saber lo mismo, generalmente con un nivel de conocimientos bastantes reducidos. La cooperativa para poder ser una unidad racional tiene dos vías:

1. Especializar a sus miembros, conviertiéndolos de labradores en comerciantes, directivos, especialistas de mercado, ó
2. Alquilar trabajo especializado fuera.

Se convertirá entonces en una empresa en parte capitalista, aunque los aportadores de capital en forma de tierra trabajen también como labradores. Pueden existir combinaciones de los dos sistemas. En la práctica muchas de las funciones no quedan cubiertas.

La cooperativa de minifundios será normalmente una solucuión superior al grupo de minifundios aislados, pero sin recurrir a los argumentos b) y c), no parece una alternativa lógica a una empresa de mayores dimensiones racionalmente explotada.

Pasemos al argumento b): las dificultades institucionales del latifundio para montar esquemas racionales de producción. Este argumento aunque cierto hay que matizarlo. Martínez Alier hizo un estudio muy interesante en el que puso de relieve que el latifundista actúa de una mera racional dentro del esqueña de producción capitalista, es decir, procura maximizar sus beneficios.

c): la reforma agraria tiene también una finalidad redistributiva. Este argumento es necesario matizarlo. Lo primero es que si se trata de redistribuir la renta dividiendo las tierras de secano en unidades familiares, nos encontramos con que el proletariado agrícola no aceptará este tipo de redistribución, porque tiene alternativas de trabajo mejor remunerado fuera de la agricultura.

La política de redistribución debe procurarse que no vaya contra la política de desarrollo.

Hay que recordar que las grandes concentraciones de poder económico que son hoy los latifundios, sino la oligarquía financiera e industrial.

En resumen: la realidad se modifica más rápidamente que las ideas. La reforma agraria, en el sentido de "reparto" debió realizarse bajo la agricultura tradicional y en su momento se pagó un alto coste social por no llevarlo a cabo. Hoy se debe ir a empresas racionales, con modernos factores, en los que el factor tierra entre en cantidad suficiente.

Se ha argumentado que la racionalización en la producción del latifundio es menor que en otras zonas. Una vez más hay que destacar la importancia que tiene la investigación empírica, investigación que habrá de realizarse si de verdad se quiere poner en vigor la legislación sobre "Comarcas y Fincas Mejorables".

Otro dato empírico que está también en la dirección de una mayor racionalización del latifundio es la disminución del absentismo. Existe una corriente de ventas de fincas desde la aristocracia y alta burgusía hacia la burguesía media, que es mucho menos absentista.

Con esto no se quiere decir que sea un mito lo de los latifundios mal explotados, pero si conviene que se revisen hipótesis que están muy arraigadas en las creencias populares.

El último punto es la necesidad de reajustar la oferta para acoplarla a la demanda. Esta necesidad ha llevado a los economistas nacionales y extranjeros a la conclusión de que España debe convertirse en un país ganadero.

Ni por razones ideológicas, ni por nuestra política económica, España es hoy un país ganadero. Se ha criticado mucho los altos precios del trigo en detrimento de un desarrollo de los cereales - pienso, materia básica para la ganadería. También se criticó la compra de excedentes de productos agrícolas, etc. Ahora bien, es necesario ser realista y darse cuenta que en una gran parte de la España seca se hace muy difícil el desarrollo ganadero, mientras que en la España húmeda podría mantener una ganadería más selecta que la actual. ¿Es razonable invertir en un plan ganadero para todas España, que tan difícilmente lo hace rentable?. Es cierto que es importante una política de precios agrícolas que favorezca los cereales - pienso y a la ganadería, también es cierto que hay que reorientar nuestra oferta agraria para acomodarla a la demanda, lo que exige un importante desarrollo ganadero, pero todo ello sin alejarno demasiado del criterio de coste comparativo.