Nuevas funciones del Estado en el sistema eléctrico

En la década de los ochenta, el Estado adquiere nuevos compromisos en el ámbito del sector eléctrico.

Así, en 1982, antes de que Calvo Sotelo disolviera las Cortes, se regula la intervención del Estado de la Central Nuclear de Lemoniz (Vizcaya).

Luego, vinieron otras tres medidas de gran relevancia:

- Intercambio de activos.

El intercambio de activos es el resultado del Protocolo de Acuerdo de 1983 entre el Ministerio de Industria y Energía y los presidentes de las compañías eléctricas más importantes.

Este intercambio tenía como objeto:

1. restablecer el equilibrio económico y financiero entre las empresas del sector a corto plazo.
2. incidir en la estructura industrial del sector eléctrico, de forma que el coste de abastecimiento eléctrico fuese menor a largo plazo.

Se distinguen distintos pasos:

• las empresas deficitarias de energía compran instalaciones de generación a las empresas excedentarias.
• las empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento venden activos.
• se realizar análisis de uniones oportunas para aprovechar las economías de escala.

- Marco legal y estable para las tarifas.

En este nuevo sistema, se recogen los principios de la Recomendación del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea relativa a las estructuras tarifarias.

Este nuevo marco supuso un nuevo método de determinación de las tarifas eléctricas, asegurando:

1. la cobertura de la totalidad de los costes estándar de generación de Kw/h.
2. la adecuada retribución de los capitales invertidos en el sector.

De esta forma, se incentiva la utilización más eficiente de las fuentes energéticas y una asignación más correcta de los recursos.

También se prevén compensaciones para las diferencias en costes de generación y, en su caso, adquisición de energía, las cuales se canalizan a través de tres instituciones:

• UNESA, que tiene a su cargo el Fonso de Moratoria Nuclear, se nutre del 3,54% del total de facturación del sector.
• Ministerio de Industria y Energía, costes fijos y variables.
• OFICO se queda con el 7,2%, canalizando fondos a ENUSA y ENRESA (energía nuclear).

- Control público de la red de alta tensión.

La decisión sobre el control público de la red de alta tensión se adoptó mediante tres disposiciones legales sucesivas:

1.- Ley sobre la explotación unificada del sistema eléctrico nacional.
2.- Ley de constitución de la sociedad estatal Red Eléctrica de España S.A.

Las funciones principales de Red Eléctrica de España S.A. son:

1. Optimización de la explotación del conjunto de instalaciones de producción y transporte, así como la garantía de seguridad y calidad del servicio.
2. Determinar y controlar el nivel de garantía y calidad del servicio nacional, así como definir las pauras generales de explotación de las reservas hidroeléctricas.
3. Establecer directrices para la explotación del sistema de generación y transporte.
4. Aprobar y modificar los programas de generación y los convenios de intercambio.
5. Explotar y mantener la red eléctrica nacional de 220 Kilovoltios y tensiones superiores.

3.- Real Decreto por el cual se autoriza un crédito, con garantía del Estado, para la adquisición, por Red Eléctrica de España S.A., de los bienes y derechos integrantes de la red de alta tensión (hasta 61.000 millones de pesetas).