La investigación científica y tecnológica juega un papel determinado en el proceso expansivo de cualquier economía de mercado, de ahí que adquiera una importancia progresiva en el marco de la política industrial de acuerdo con las posibilidades que a este factor se le atribuyen.
Sin embargo, en nuestro país el nivel tecnológico era y es muy bajo y ocurre frecuentemente que las empresas españolas carecen de tecnología propia. Este bajo nivel, entre otras causas, es achacable al retraso de nuestro proceso de industrialización, al escaso interés que se le concedió en nuestro país a la invertigación, a la pequeña dimensión de las empresas, etc. De aquí que las empresas españolas tengan que trabajar con patentes extranjeras, con la consiguiente salida de divisas.
A corto plazo es difícil que se opere un cambio radical en la problemática existente, pero un objetivo primordial de la política tecnológica debe ser la difusión de los descubrimientos y lograr una mayor colaboración entre los centros oficiales y las empresas privadas, al objeto de complementar y coordinar los planes de investigación aplicada.
En España, en los años 60, existe un organismo que depende de la Presidencia del Gobierno y que se denomina "Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica" y que es la que administra la distribución del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica. Dicha distribución se lleva a cabo mediante la formalización de contratos de investigación con las empresas que generalmente se materializan en la concesión de un préstamo por el Estado del 50% del coste del proyecto.
Por su especial trascendencia, los planes concertados de investigación que coordinan el esfuerzo investigador hacia objetivos fundamentales para la economía del país, integran una de las modalidades más genéricas de la política científica y tecnológica nacional.
El I.N.I. o la política de intervención.
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