El I.N.I. o la política de intervención.

El Instituto Nacional de Industria se creó por Ley de 25 de septiembre de 1941 en virtud del artículo 123 de la Ley 37/1988 de Presupuestos Generales del Estado se transforma en Sociedad Estatal. Su objetivo fundamental consistió en sentar las bases de la industrialización del país y atender a las necesidades de la defensa nacional. Su actuación en definitiva, hubo de orientarse hacia aquellos proyectos que, ya fuera por su elevado volumen de inversión o bien por su escasa rentabilidad, quedaban al margen de las posibilidades de la iniciativa privada.

Los sectores de la industria básica polarizaron la atención del Instituto los sectores de energía eléctrica, petroquímica, siderúrgica, así como determinados sectores de la industria de transformación, fueron estructurándose al calor proteccionista que inspiraba el recién creado Instituto, alimentado así la aparición de una importante industria auxiliar que vendría a desempeñar una relevante función en la industrialización nacional. El papel que como promotor de esta industrialización ha desempeñado el I.N.I. desde su creación es muy importante.

Ahora bien, las circunstancias actuales de nuestra economía son muy diferentes de las que regían hace cincuenta años, como igualmente lo son los principios reguladores de la convivencia institucional. Por ello, el sometimiento de las empresas estatales a los objetivos de la planificación económica, tal vez sea la consecuencia más evidente de la labor pendiente encomendada al Instituto de cara a los próximos años.

Como señalaba el III Plan de Desarrollo, en cuanto instrumento de la política industrial, el I.N.I. debe considerarse como elemento de ejecución de la misma. "En la medida en que esta política tiene diversas facetas, también ha de tener la actividad del Instituto". En la actualidad el I.N.I., a través de sus empresas, ocupa lugares relevantes en muchos sectores de la industria y extiende su actividad a casi todos.

En relación con la iniciativa privada, la función del Instituto deberá ser de complementariedad y de colaboración; debe utilizar a sus empresas para reestructurar sectores, para cooperar en las tareas de investigación tecnológica para seguir las orientaciones del Gobierno en materia de localización industrial e igualmente para practica la estrategia que se señale a cada uno de los sectores, en especial, en aquellos en los que la participación del Instituto adquiera decisiva importancia.

Sin embargo, la dificultad más importante que para la realización de estos objetivos tiene planteado el I.N.I. hubo de realizar volumenes de inversión muy considerables en sectores básicos de escasa rentabilidad, de largos períodos de maduración, así como en empresas cuya continuidad era necesaria por razones extraeconómicas. La dotación inicial del I.N.I. fue de 50 millones de pesetas, además de la transferencia por parte del Estado de todos sus valores mobiliarios excepto en algunos determinados (participación en CAMPSA, Tabacalera y Compañía Telefónica Nacional de España). Asimismo, se le fijaron como fuente de ingresos las cantidades asignadas por el Estado o aportaciones del Tesoro (hasta 1958 provenientes en su mayor parte de la emisión de Deuda Pública amortizable), la disponibilidad de crédito otorgable por el Banco de España, las utilidades provenientes de sus propias empresas y los fondos obtenidos por la transferencia de una parte o del todo de alguna de éstas al sector privado; finalmente, también se concedió al I.N.I. la facultad de emitir obligaciones.

El problema se plantea entonces en términos de disponibilidad, es decir, de dónde habrán de retraerse los volúmenes de recursos que se precisan para financiar las inversiones exigidas por el desarrollo, teniendo en cuenta el carácter limitativo de dicha variable en nuestro país.

De la solución adecuada de este problema depende el éxito de la actuación prevista para este Organismo en los próximos años, a saber: proporcionar una base industrial sana, abrir nuevos horizontes al dinamismo de la industria española y participar de una manera mucho más activa en la reestructuración sectorial.