El funcionamiento inadecuado de las instituciones españolas

El segundo grupo de problemas peculiares de la crisis económica española los impone la falta de instituciones económicas o el funcionamiento inadecuado de las existentes.

Cuatro son las áreas en que esas deficiencias institucionales son más evidentes:

1) El sistema financiero.
Es difícil encontrar un análisis de la economía española que no denunciase antes de la crisis su mala disposición financiera. No es adecuada la financiación del sector público. Tampoco lo es la financiación del sector privado.

La crisis económica ha llegado sin que la Hacienda Pública española hubiese resuelto el gravísismo problema de modernizar su sistema tributario. Proyectos han existido todos, reforma fiscal ninguna digna de tal nombre antes de la llegada de la democracia. El sistema tributario tradicional que derivaba su configuración de las grandes reformas liberales, se aplicaba con defectos gravísimos que conocían los contribuyentes y la administración: los impuestos se evadían, eran produndamente injustos en su distribución y difícilmente inteligibles por su complejidad. La doctrina añadiría a estos defectos bien conocidos el de su falta de funcionalidad: el sistema tributario no servía ni para estabilizar la renta, ni para conseguir el desarrollo económico, ni para distribuir con más equidad la renta producida. La reforma fiscal mil veces sentida, mil veces proclamada, fue negada en su realización durante la etapa del auge de la multiplicación de la renta hubiera hecho menos costosa y más llevadera su práctica. ¿Cómo aplazar su realización llegada la democracia y tanto más cuanto que el reparto de los costes de la crisis demandaba sus figuras impositivas?

Tampoco el sistema financiero llegaba en mejor situación a la crisis. La reforma se había iniciado en 1969 con el primero de los grandes sectores necesitados de modificación: permitir al Banco emisor el control de las magnitudes monetarias básicas. Aquí se llevaba recorrido un ámplio trecho: se habían cerrado las vías de acceso automático a la liquidez, se había dotado de flexibilidad al tipo de descuento básico, se había establecido la magnitud objetiva para la regulación monetaria (disponibilidades líquidas), se habían fijado los coeficientes legales de caja y justamente en 1973 se establecía el sistema de regulación de activos líquidos. Sin embargo, el otro gran sector de la reforma la liberalización del sistema financiero, estaba pendiente. Un acuerdo generalizado sobre su necesidad no había bastado, como ocurrió con la reforma fiscal, para pasar de los proyectos a los hechos. Esa reforma pendiente pretendía alcanzar tres objetivos: competencia, flexibilidad y transparencia y comportaba una serie extensa de actuaciones: evitar los tipos de interés reglamentados, fijos y bajos y el racionamiento de fondos prestables, evitar las colocaciones forzosas de obligaciones, disminuir el escandaloso nivel de los coeficientes de inversión obligatoria, convertir en auténticos Bancos Públicos a las entidades oficiales de crédito eliminar las regulaciones restrictivas en la creación y expansión de las instituciones de crédito, sentar el principio de banca universal, eliminando la rígida y caduca reglamentación por entidades financieras - tipo, admitir la presencia de la banca extranjera, reformar el mercado de valores, convirtiéndole en un mercado abierto de capitales. Un ámplio programa de reforma capaz de cortar el aliento a quien conociera sus dificultades y el poder de los intereses afectos. Nada de lo que sucede ocurre sin causa explicada. Y las explicaciones para no reformar - liberalizándolo - el sistema financiero eran tantas que paralizaron la reforma que habría de realizarse... en plena crisis, ya que de nuevo era imposible continuar con el sistema financiero anterior. La hipoteca de la falta de sistema financiero eficiente impone costes adicionales a la crisis que padecemos e impide soluciones para administrar la crisis.

2) La empresa pública.
En pocas instituciones económicas confluyen, como en la empresa pública, los problemas heredados de su mala conformación con las graves consecuencias que para el sector ha tenido la crisis económica. Sin embargo, algo es cierto: los problemas de la empresa pública estaban planteados desde antiguo. El estatuto de la empresa pública constituyó una reforma anunciada y jamás practicada en los planes de desarrollo y los problemas de su administración, financiación y control han llegado sin respuesta hasta la crisis que padecemos. Y esos problemas deben abordarse, ya que sus déficits crecientes, su contabilización imperfecta, su financiación distorsionada, su gerencia peculiar, sus plantillas subredimensionadas, los convierten en un lastre creciente para abordar los ajustes productivos que la economía española debe realizar y para definir y extender el campo de gasto público necesario.

3) El gasto público.
La atención prioritaria concedida a la reforma fiscal ha tendido a dejar en la sombra las necesidades de modificación de la otra cara de la Hacienda pública: el gasto público. Sin embargo, es lo cierto que esa modificación era sentida y estaba pedida también por ámplios sectores de la opinión pública. La imagen de un "Estado despilfarrador" es una imagen asumida por gran parte de los ciudadanos. Se cree que el Estado gasta mal. En esta necesaria reforma el gasto público algo se ha avanzado: presentación del presupuesto, integración del presupuesto de la Seguridad Social en el presupuesto del sector público, elaboración del presupuesto de gastos fiscales, constitucionalización de la prograsividad del gasto público y de su eficacia y ecomicidad. Muchas de esas reformas son recientes, pertenecen al Estado democrático, pero éste debe impulsar otras muchas ya que la política de gasto público juega un papel fundamental en la administración de la crisis y la mala política del gasto tiene tales consecuencias sobre la agudización de sus problemas que no podemos permitirnos el lujo de practicarla.

4) La consolidación de nuestras relaciones industriales interpretadas por asociaciones libres de empresarios y trabajadores, adaptadas a las necesidades de una convivencia democrática. La carencia de este tejido institucional ha constituído una de las más gravosas hipotecas para organizar la vida económica del país y para ofrecer respuestas sociales a la crisis. Debían constituirse esas asociaciones de trabajadores y empresarios afirmando los derechos que les son propios y era necesario disponer de un cuadro europeo de relaciones laborales con el que no se contaba. Todo esto ha debido hacerse en un clima muy adverso: el de la crisis económica, con una inflación de costes y demanda débil que llevaba a posiciones muy dispares y encontradas entre los empresarios y trabajadores. Y sobre todo, a concretar esas posiciones en reivindicaciones de ambas partes contrarias al interés general. Así, de una parte, los sindicatos han considerado la protección del puesto de trabajo y del salario como variables claves - y casi únicas - la que afectaba negativamente a los dos grandes males de la crisis, la inflación y el paro; los empresarios han antepuesto, ante todo, sus estructuras de producción reclamando para su conservación las protecciones de la política fiscal, monetaria y comercial. La constante petición empresarial de políticas de facilidad crediticia, sostenimiento de sectores y actividades, posponía la necesaria reestructuración industrial que el porvenir de la empresa y la sociedad española necesitaban.

Cambiar estas actitudes necesita tiempo y éste no se podía ganar, pues ese mundo institucional no se improvisa y ciertamente no se había heredado.

Todas esas peculiaridades españolas - las de su estructura productiva, las de sus instituciones económicas - actuaban con el trasfondo de un profundo cambio político que les concedía especial resonancia.